Tras una decisión del Tribunal Supremo, el DTOP entregó a la ACLU la citación federal. La organización pide la renuncia del secretario; la gobernadora defiende la entrega.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) sostiene que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó a las autoridades federales los datos personales de unos 6,321 inmigrantes con licencia de conducir sin que mediara una orden judicial. La organización pidió el 15 de octubre de 2026 la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, después de que la agencia le entregara la citación federal que originó la entrega. La gobernadora defiende que el DTOP respondió a un requerimiento federal.
Qué pasó
La demanda no es nueva: la ACLU-PR la presentó el 1 de octubre de 2025 en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Pedía que el DTOP entregara los documentos sobre cómo respondió a la solicitud de información federal. Lo nuevo es el desenlace judicial. Según la organización, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó el 9 de octubre de 2026 la segunda moción de reconsideración del DTOP, y la decisión se notificó el 14 de octubre de 2026. Después, la agencia entregó la información a la ACLU-PR.
El documento, según la organización, es una citación administrativa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió el 26 de enero de 2025. Iba dirigida a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), que forma parte del DTOP, y se presentó como parte de una investigación de Homeland Security Investigations (HSI). Fijaba como plazo el 7 de febrero de 2025. La ACLU-PR indica que el documento de entrega del DTOP lleva fecha del 29 de enero de 2025, es decir, tres días después.
Qué datos se entregaron
Según la ACLU-PR, la información incluía el número de identificación, el tipo de licencia y sus fechas de emisión y vencimiento, el nombre completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, el municipio, el código postal y el teléfono. En el campo de ciudadanía aparece la abreviatura «EMI», que corresponde a «Estado Migratorio Indefinido».
La cifra de personas afectadas no es uniforme en los materiales de la propia organización: su comunicado del 15 de octubre habla de unos 6,321 inmigrantes, mientras que la ficha del caso menciona «casi 6,000».
El marco legal: la Ley 97 de 2013
La Ley 97 de 2013 creó un proceso para que personas sin estatus migratorio regularizado pudieran obtener licencia de conducir en Puerto Rico. Según la ACLU-PR, la ley exige al secretario del DTOP establecer mecanismos para evitar que ese registro se use para discriminar y para impedir su divulgación. La organización argumenta que el DTOP no estaba obligado a responder a una citación administrativa sin una orden de un juez y que debió exigirla. También contrasta la práctica con leyes de Virginia, Illinois y Nueva York, que restringen la entrega de datos a ICE sin orden judicial.
Lo que resolvieron los tribunales
Los tribunales locales se pronunciaron sobre un punto concreto: si la citación podía mantenerse en reserva. El Tribunal de Primera Instancia ordenó entregarla y concluyó que no era confidencial. El Tribunal de Apelaciones confirmó que es un documento público sujeto a divulgación y rechazó que alguna ley federal o local prohibiera a quien recibe una citación federal darla a conocer. El Supremo había denegado antes el certiorari el 27 de abril de 2026 y una primera reconsideración el 5 de junio de 2026. Esas decisiones se refieren al acceso al documento; no resuelven si la entrega de los datos fue legal.
Las posturas
La ACLU-PR celebró la decisión del Supremo, pero señaló que el tiempo transcurrido viola el derecho a conocer la verdad. La organización también señaló a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, por obstaculizar durante más de un año el acceso a la información.
La gobernadora Jenniffer González Colón respondió el 15 de octubre, según un reporte de prensa local, que el DTOP entregó los datos porque atendía un subpoena federal y que decir que fue voluntario es irresponsable. Ese planteamiento no ha sido contrastado en este reporte con un documento oficial del gobierno de Puerto Rico.
What does it mean to you?
- Si tienes o tuviste una licencia de conducir de Puerto Rico emitida bajo la Ley 97 de 2013, tus datos podrían estar entre los entregados; la ACLU-PR no ha publicado una lista de afectados.
- La entrega de datos no equivale, por sí sola, a una orden de arresto o de deportación contra una persona.
- Si tienes dudas sobre tu caso, consulta con un abogado de inmigración o con una organización de ayuda legal de confianza antes de tomar decisiones.
- Las citaciones administrativas y las órdenes de un juez son documentos distintos; una orden judicial la firma un juez.
What's next?
La ACLU-PR indicó que mantiene su petición de renuncia del secretario del DTOP y que busca acceso completo a los documentos sobre la transferencia de datos. Hasta la fecha no se conoce una decisión final de un tribunal sobre la legalidad de la entrega. El comunicado original de la organización está disponible en aclu-pr.org.