La ley, vigente tras anularse el veto del gobernador, limita las políticas de la UNC que frenen la cooperación migratoria. La ley federal FERPA sigue protegiendo los expedientes.
La Asamblea General de Carolina del Norte anuló el 24 de junio de 2026 el veto del gobernador a la ley SB 153, la «Border Protection Act», según el registro de la Asamblea General. Una de sus partes afecta a las universidades del sistema de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) y ha generado la duda de si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede acceder a datos de estudiantes.
Qué dice la ley sobre la UNC
Según el resumen de la Asamblea General sobre la Ley de Sesión 2026-19, la Parte VI prohíbe que las instituciones de la UNC tengan políticas que limiten la aplicación de las leyes migratorias federales más allá de lo que permite la ley federal. Sobre la información de ciudadanía o estatus migratorio, las instituciones no pueden impedir que las autoridades la recopilen ni que se comunique a autoridades federales.
El mismo texto ordena a cuatro agencias estatales, entre ellas la Patrulla de Caminos, firmar acuerdos 287(g) con ICE.
La ley no dice, en el resumen revisado, que ICE tenga acceso automático a los expedientes de los estudiantes.
Lo que sigue protegiendo FERPA
Los expedientes educativos están protegidos por una ley federal, la FERPA. Según el Departamento de Educación de EE.UU., la escuela debe obtener el consentimiento escrito, firmado y fechado, del estudiante adulto o de sus padres antes de divulgar información personal de esos expedientes.
La FERPA permite excepciones sin consentimiento:
- cumplir una orden judicial o una citación legal, y en general la escuela debe intentar avisar antes a la familia;
- una emergencia de salud o seguridad, cuando la información es necesaria para proteger a alguien;
- la «información de directorio», solo si la escuela dio aviso público y las familias pueden pedir que no se divulgue.
Una ley estatal no cambia estas reglas federales por sí sola. Lo que la SB 153 restringe, según el resumen, son las políticas internas de las universidades que impidan compartir información sobre estatus migratorio.
Qué dicen los críticos
Según la ACLU de Carolina del Norte, la ley limitaría la capacidad de los equipos directivos de las escuelas de la UNC de proteger la privacidad y la seguridad en el campus de estudiantes con distintos estatus migratorios. Es la postura de una organización, no confirmada por fuentes oficiales; no es una determinación oficial.
No está confirmado cómo aplicará cada universidad la ley en la práctica ni qué información no cubierta por la FERPA podría solicitarse.
¿Qué significa para ti?
- Tus expedientes educativos siguen protegidos por la FERPA: en general, se necesita tu consentimiento por escrito, una orden judicial o citación, o una emergencia de salud o seguridad.
- La información de directorio (la que la escuela publica con aviso previo) puede divulgarse salvo que pidas que no se haga; revisa en tu universidad cómo excluirte.
- Pregunta en la oficina del registrador o en la oficina de asuntos estudiantiles de tu campus qué datos recopila y cómo responde a solicitudes de agentes federales.
- Para dudas sobre tu caso, consulta con un abogado de inmigración o una organización legal de confianza; esta nota explica reglas generales, no es asesoría legal.
Aviso legal: Esta información es general y no sustituye la asesoría de un abogado de inmigración con licencia o de un representante acreditado por el Departamento de Justicia.
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